Mercosur: no es una protesta, es una defensa

Escribo como joven agricultor y como consumidor de Euskadi, pero sobre todo como alguien que lleva años viendo cómo se aprieta al campo por arriba y por abajo. Por arriba, con más normas, más controles y más exigencias. Por abajo, con precios que no cubren costes. En medio, ahora, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur.

No hablamos de miedo al comercio exterior ni de cerrar fronteras. Hablamos de algo mucho más sencillo: no se puede competir cuando las reglas no son las mismas. Y eso es exactamente lo que plantea este acuerdo.

Se permitiría la entrada en Europa de grandes volúmenes de productos agrícolas producidos en países donde las normativas ambientales, sanitarias y laborales son mucho más laxas que las que se nos imponen aquí. Mientras a las explotaciones vascas y europeas se nos exige cumplir —con razón— estándares muy altos en trazabilidad, uso de fitosanitarios, bienestar animal y protección ambiental, se abriría la puerta a productos que no cumplen esas mismas condiciones.

Eso no es libre comercio. Eso es competencia desleal.

Las protestas agrarias que se están viendo no nacen del capricho ni del inmovilismo. Nacen de la supervivencia. Porque este acuerdo no solo pone en riesgo a las pequeñas y medianas explotaciones; pone en riesgo el modelo agrario que sostiene el medio rural, el empleo y la soberanía alimentaria.

Pero este debate no es solo de agricultores. Es, y debe ser, un debate de consumidores.

Quien llena el carro en el supermercado tiene derecho a saber qué está comprando y cómo se ha producido. Cuando los productos llegan de países con normativas más laxas, la salud del consumidor también está en juego. No se trata de alarmar, se trata de informar con honestidad. Si aquí se prohíben determinadas materias activas, determinados tratamientos o determinadas prácticas, no tiene sentido permitir que entren por la puerta de atrás en forma de importaciones.

Comprar no es un acto neutro. Es una decisión política, económica y sanitaria. Y sin información clara, esa decisión no es libre.

El segundo foco de presión deben ser las distribuidoras y las centrales de compra. No son actores pasivos. Son quienes deciden qué productos entran, de dónde vienen y a qué precio se venden. En la búsqueda constante de mayor margen de beneficio, algunas grandes cadenas estarían dispuestas a llenar las estanterías con productos más baratos, aunque eso suponga poner en riesgo la salud de los consumidores y acelerar la desaparición de las explotaciones locales.

No se puede hablar de responsabilidad social mientras se vacía el territorio. No se puede presumir de sostenibilidad mientras se hunde al productor cercano.

Y el tercer foco, inevitable, son los gobiernos. Son los gobiernos estatales, en el marco de la Unión Europea, quienes tienen la última palabra. Son ellos quienes pueden firmar —o frenar— este acuerdo. Y deben saber que firmarlo sin garantías reales es traicionar al campo y engañar al consumidor.

No pedimos privilegios. Pedimos coherencia. Si un producto entra en Europa, que cumpla las mismas normas que cumplimos aquí. Si no, que no entre. Así de simple.

Defender estas protestas es defender el derecho a producir alimentos sanos, cercanos y con garantías. Es defender el derecho del consumidor a saber qué come. Y es defender el derecho de un país a no depender completamente de terceros para alimentarse.

El campo no protesta por gusto. Protesta porque cuando desaparece una explotación, no vuelve. Y cuando se pierde la capacidad de decidir qué y cómo comemos, lo que se pierde es mucho más que un sector: se pierde futuro.

                                           Jon Bastante. Bizkaiko nekazaria.